Ecuador, 17 de abril de 2020

El Comité Nacional de Redes del Proyecto Regional “Promoviendo mejores condiciones de vida y derechos humanos de las personas con VIH y otras poblaciones clave, a través de servicios integrales, diferenciados y con mayores recursos para apoyar la sostenibilidad de la respuesta regional al VIH” ALEP QRA-H-HIVOS-2, ante las constantes vulneraciones de los Derechos Humanos, manifestamos lo siguiente:

Que las Personas Trans Femeninas y Masculinas, Personas que Ejercen el Trabajo Sexual, Hombres Gais, Personas que Usan Drogas y Personas que Viven con VIH pertenecemos a los Grupos de Atención Prioritaria por presentar enfermedades catastróficas, estar en situación de riesgo y en condición de doble vulnerabilidad.

Que no existe Atención Integral en Salud para nuestras poblaciones.

Que nuestro Derecho Humano a la Salud y otros Derechos Humanos no están siendo debidamente tutelados por el Estado ecuatoriano.

Que las personas de los grupos arriba mencionados hemos sido relegados y atendidos de forma no adecuada por el Estado ecuatoriano.

Que no gozamos de igualdad formal y material.

Que hemos sido discriminados de forma sistémica y sistemática.

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido con fecha 10 de abril de 2020 su Resolución 1/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS”. Aquí el enlace:
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aa4c01a6b-1a6f-4620-be04-db2f30ce2d54

Que de acuerdo a lo establecido en los siguientes artículos de la Constitución de la República del Ecuador.

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, lasalud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.
2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará
medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente.

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
1. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.
3. El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en
especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la
explotación sexual.
9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras.
17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley.
20. El derecho a la intimidad personal y familiar.
25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características.

Art. 215.- La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. Serán sus atribuciones, además de las
establecidas en la ley, las siguientes: 1. El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección, hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación
de los servicios públicos o privados. 2. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus incumplimientos. 3. Investigar y resolver, en el
marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos. 4. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en
todas sus formas.

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales.

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines delucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado.

En virtud de lo anteriormente expuesto y en ejercicio pleno de nuestros derechos instamos al Gobierno, representantes de las Funciones del Estado, y autoridades del Ecuador a:

Cumplir con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador. Adoptar de forma diligente las recomendaciones realizadas por ONUSIDA en el documento “Los Derechos Humanos en tiempos de COVID-19 Lecciones del VIH para una respuesta efectiva a la comunidad”. Aquí el enlace:

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3 Ae38dc62a-77ae-4bff-8d0c-d34addf68bba

Adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución 1/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS”, adoptada el 10 de abril de 2020.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador a iniciar de oficio acciones que logren la tutela efectiva de los derechos de las personas de los Grupos de Atención Prioritaria y en condiciones de vulnerabilidad.

Atentamente,

Comité Nacional de Redes de Ecuador del Proyecto Regional ALEP
Comunidad Internacional de Mujeres con VIH (ICW Latina) /ICW Ecuador
Coalición Internacional de Preparación para el Tratamiento América Latina y Caribe
(ITPC/LACTA) /ITPC Ecuador
Red Latinoamericana y del Caribe de Jóvenes Positivos (J+LAC) /Asociación Red
Ecuatoriana de Jóvenes Positivos (REDECU+)
Red Latinoamericana de Personas con VIH (RedLa+) /Coalición ecuatoriana de personas
que viven con VIH (CEPVVS)
Gay Latino/Fundación Ecuatoriana EQUIDAD
Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans – (RedLacTrans)/Asociación ALFIL
Red Latinoamericana de Personas Usuarias de Drogas (LANPUD)/Ecuador Cannábico
Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual
(PLAPERTS)/PLAPERTS Ecuador

Descarga el manifiesto público acá:

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